Valencia también castiga con multas a las plataformas de viviendas turísticas
Homeaway, Airbnb, Booking, Onlyapartments, Niumba, Mil Anuncios, Fotocasa y Muchosol, expedientadas por la Comunidad Valenciana. El círculo de las administraciones se va cerrando alrededor de la oferta ilegal de alojamiento turístico.
La Agencia Valenciana de Turismo ha abierto 24 expedientes sancionadores a los ocho plataformas que promueven viviendas turísticas por internet. Se suma así a otros gobiernos, como el catalán, que iniciaron una cruzada contra la actividad sumergida en el sector que se ampara en la llamada economía colaborativa.
A cada una de estas plataformas se le ha abierto un total de tres expedientes, uno por cada provincia. El motivo, en todos los casos, es publicitar en sus respectivas páginas web viviendas turísticas sin hacer constar el número de inscripción en el Registro de Empresas, lo que supone una infracción de la Ley de Turismo valenciana. Se trata de “una infracción calificada en la Ley como muy grave, y puede ser sancionada con un máximo de 90.000 euros de multa”, detalla el gobierno.
Homeway y Airbnb no aceptan las sanciones que están recibiendo de la administración y empiezan a presionar para que la Comisión Europea fuerce a los estados a revisar sus normativas nacionales. Opinan que las leyes locales están limitando las oportunidades que representan estas nuevas plataformas para los ciudadanos. En este sentido, la Comisión se ha manifestado en alguna ocasión dispuesta a analizar la situación para saber si las normativas territoriales suponen un freno para el desarrollo de la economía colaborativa en Europa.
Por su parte, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha declarado que «estas plataformas multinacionales tan potentes tienen que entender que el Gobierno valenciano hace una apuesta por el alojamiento reglado, por los hoteles, campings, alojamientos rurales y apartamentos turísticos. Por aquellos que dan la cara, que son economía real y productiva, que generan riqueza, imagen y empleo, y no vamos a apostar por la competencia desleal».
Colomer considera que «es una cuestión de entender la economía y el turismo de una forma correcta» y que en ningún caso se puede permitir “el intrusismo, el fraude fiscal o las rentas opacas». «Debemos hacer un gran esfuerzo de pedagogía y conseguir un gran acuerdo para que todos los operadores turísticos compartamos un modelo basado en la transparencia, la calidad y la legalidad», ha afirmado.
Ahora, las empresas disponen de quince días para realizar alegaciones. “El proceso puede ser largo”, dice la administración valenciana, que recuerda que cabe también la posibilidad de que las empresas decidan colaborar y atender el requerimiento que se les hace y eliminar de su web los alojamientos no inscritos. Si lo hacen, “se tendría en cuenta como atenuante en la tramitación del expediente, que podría terminar así en un apercibimiento y evitar la sanción”.
