Cataluña ha anunciado que regulará la economía colaborativa y Uber confía que la normativa desbloquee su presencia en Barcelona.
La capital catalana es de las pocas grandes ciudades europeas que no cuenta con los servicios de la plataforma Uber. La empresa que facilita el alquiler de vehículos con conductor, ya sea profesional con licencia como amateur, sólo opera en Madrid. En la capital únicamente trabaja con chóferes profesionales con licencia de transporte de viajeros para superar la prohibición que impide realizar esta actividad a personas privadas.
Con la futura nueva regulación catalana, más flexible, Uber quiere desembarcar en Barcelona. El negocio de la plataforma pasa por poner en contacto a los chóferes y a los clientes cobrándoles un 25% del coste del servicio. Sobre estos ingresos –como ya explicó Comunicatur- Uber ha organizado una ingeniería fiscal en Europa para pagar sólo el 0,25% de sus beneficios. Una filial se encarga de recibir los pagos de clientes y paga el 99% de sus ingresos a otra filial en concepto de propiedad intelectual.
Las enemistades de este gigante valorado en 57.000 millones de euros son amplias. Los taxistas profesionales de toda Europa están en pie de guerra contra la compañía. Los sindicatos de taxistas han promovido movilizaciones y denuncias que han llevado a la paralización de la plataforma en diferentes países. Uno de los últimos reveses le han llegado de Francia. Ha sido condenada por realizar una actividad de transporte ilegal. La multa, medio millón de euros.
Pero frente a las batallas judiciales que tienen en marcha en España, Alemania, Holanda, Italia, Francia o Bélgica, Uber tiene algunos aliados. La Comisión Europea y algunos organismos reguladores de la Competencia ven con buenos ojos las actividades basadas en la economía colaborativa y piden a los gobiernos que levanten las restricciones a esta actividad. Es en este sentido que Uber espera que la nueva regulación catalana de cobijo a su actividad.
