Los pisos turísticos reclaman 1.000 millones a la Generalitat de Cataluña
La petición de indemnizaciones puede llegar a los 7.000 millones de euros
Finalmente, el sector de los pisos turísticos ha consumado su amenaza contra la administración catalana por el decreto ley 3/2023 que incide sobre las viviendas de uso turístico (VUT). Según han explicado los máximos representantes de la patronal en Cataluña, ya han presentado reclamaciones por responsabilidad patrimonial por valor de 1.000 millones de euros correspondientes a unos 1.500 propietarios. Esta cifra, apuntan, solo es el inicio, ya que calculan que en Barcelona las reclamaciones podrían ascender a los 3.000 millones y a 7.000 si se tiene en cuenta el conjunto de Cataluña.
La normativa catalana que permitirá la extinción de las licencias de uso turístico en los próximos años -noviembre de 2028- puso en pie de guerra el sector que ahora ha pasado a la acción.
Apartur, Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, está liderando las reclamaciones patrimoniales. El primer paso, según han informado, es presentar ante la Generalitat la petición de resarcimiento patrimonial por el daño que causa su decreto. Una expropiación encubierta, aseguran.
Tienen tiempo para presentar el requerimiento hasta inicios de noviembre, un año después de publicarse la normativa en el Diario Oficial (DOGC). En caso de no ser atendida esta reclamación patrimonial trasladarán la denuncia a la justicia ordinaria.
Ya avisaron que no cejarán en su intento, y si es necesario acudirán a instancias europeas donde tienen claro que el decreto catalán vulnera la doctrina de la UE.
El montante de las indemnizaciones surge de calcular el beneficio que tendrían por su actividad de vivienda turística y que la administración permitirá extinguir en el corto futuro de cuatro años.
El sector defiende a capa y espada su actividad. Creen que son una alternativa de alojamiento que abre las posibilidades al turismo familiar.
Hasta el 40 % del alojamiento que hay en Barcelona lo conforman las viviendas de uso turístico. Recuerdan que en la ciudad no se permiten nuevas licencias desde 2014 y que el beneficio que generan sobre sectores como la restauración o el comercio son muy importantes.
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