Los municipios de la costa catalana también se oponen al nuevo decreto de pisos turísticos
Los ayuntamientos de destinos de costa se quejan de las incertidumbres que genera la nueva normativa catalana de pisos turísticos que les obliga a reducir el número de viviendas de uso turístico (VUT) que actualmente tienen licencia. En 47 localidades hay más oferta de la que marca la ley y no saben cómo aplicar su cese.
Ahora son los municipios quienes se suman a las críticas del sector de los apartamentos turísticos. Las asociaciones empresariales ya hablan de reclamaciones patrimoniales a la Generalidad de Cataluña por lo que consideran una expropiación.
En el caso de las administraciones locales las críticas al Govern son porque no ha tenido en cuenta las particularidades de cada localidad. Las zonas más afectadas serán los Pirineos, la Costa Brava y la Costa Daurada donde su actividad económica se basa en el turismo.
Entre los municipios turísticos más afectados hay casos críticos como Pals o Cadaqués, en la Costa Brava, que tendrán que reducir la oferta en más de un 80% y un 70% respectivamente. También Salou, en la Costa Daurada, deberá reducir en un 60% su oferta actual y en Val d’Aran está el caso de Naut Aran que debe cerrar el 84% de sus viviendas turísticas.
Una normativa pensada sólo para las grandes ciudades que se aplica en todas las localidades
El alcalde de Salou, Pere Granados, que tendrá que cerrar 4.000 pisos turísticos se ha mostrado públicamente contrario. El municipio cuenta con más plazas de viviendas de uso turístico (36.500) que plazas hoteleras (30.000). El 70% de las viviendas de Salou son segundas residencias y poco menos de un tercio se dedica al alquiler turístico.
En el caso de la Costa Brava los cálculos son que los ayuntamientos tendrán que reducir entre el 40% y el 60% de los HUTs. El alcalde de Castell-Platja d’Aro y s’Agaró, Mauricio Jiménez, cree que hay que hacer una regulación con bisturí desde el territorio que tiene proximidad con los vecinos y con los propietarios y por tanto puede adaptar a la realidad de cada lugar.
Las grandes capitales, por el contrario, se han mostrado a favor del decreto. Las capitales de provincia, que son las más afectadas por la gentrificación turística y la carencia de vivienda habitual, valoran la propuesta como una oportunidad para limitar la actividad. Cuando el decreto ley esté aprobado por el Parlament de Catalunya no podrán haber más de 10 viviendas de uso turístico (VUT) por cada 100 habitantes.
