La OCU se suma a las agencias de viajes para pedir a Europa que suspenda el registro de viajeros
El Partido Popular ha asegurado que seguirá presionando en Europa para evitar que la medida entre en vigor en su forma actual
Las principales asociaciones de agencias de viajes y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han solicitado la suspensión cautelar del registro de viajeros impuesto por el Real Decreto 933/2021, al considerar que vulnera la privacidad de los consumidores y excede los límites de la normativa europea de protección de datos.
La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españoles (FETAVE) argumentan que el registro impone obligaciones excesivas a las agencias y establecimientos turísticos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Además, los datos requeridos incluyen información personal sensible, como datos bancarios, lo que supone una carga administrativa desproporcionada.
Ante estas quejas, la Comisión Europea ha iniciado una investigación para determinar si el decreto incumple el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y si contradice el objetivo de la UE de reducir la carga administrativa en el sector turístico en un 25 %.
El comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath, ha confirmado que la Comisión Europea está evaluando la legalidad del RD 933/2021. En este sentido, ha recordado que la UE busca simplificar normativas y reducir las exigencias burocráticas para las empresas turísticas, especialmente para las pymes, y no incrementarlas con nuevas regulaciones excesivas.
Ante esta situación, las asociaciones de agencias de viajes instan al Gobierno a paralizar la aplicación del registro hasta que Bruselas emita un veredicto definitivo.
El Partido Popular Europeo (PPE) ha tomado posición contra el decreto. Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha denunciado lo que ha denominado el «Gran Hermano de Marlaska», en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusando al gobierno español de querer «controlarlo todo» en perjuicio de la privacidad de los ciudadanos. Según Montserrat, esta normativa impone hasta 43 requisitos de información personal a los viajeros, con posibles sanciones de hasta 43.000 euros por incumplimiento.
