El futuro incierto del proyecto Hard Rock en Tarragona: el aumento fiscal pone en duda su viabilidad
El proyecto del macrocomplejo de ocio Hard Rock en Vila-seca y Salou vuelve a estar en el centro del debate después de que el Parlamento de Cataluña haya aprobado un cambio en la fiscalidad del juego, lo que podría comprometer su materialización. La decisión de aumentar los impuestos a los casinos del 10% al 55% supone un giro significativo en la regulación del sector y ha generado dudas sobre el interés de los inversores en llevar adelante el proyecto.
Un proyecto estancado durante años
Desde que se planteó su construcción hace más de una década, Hard Rock ha sido un elemento clave en las negociaciones políticas en Cataluña. Sin embargo, nunca se ha llegado a colocar la primera piedra, ni se ha aprobado el plan urbanístico definitivo. Durante este tiempo, el proyecto ha estado rodeado de controversias, con sectores que lo consideran una oportunidad económica para el turismo y la creación de empleo, mientras que otros lo ven como una amenaza ambiental y una apuesta por un modelo de desarrollo basado en el juego, que genera desigualdades sociales.
La eliminación de los beneficios fiscales ha llegado en un momento en el que el nuevo Gobierno liderado por Salvador Illa había mostrado su intención de continuar con la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU), lo que, en teoría, acercaría el proyecto a su ejecución. No obstante, este incremento impositivo puede cambiar el panorama y condicionar la decisión final de los promotores de Hard Rock, que deben evaluar si sigue siendo económicamente viable.
Cambio de rumbo político
Una de las razones que ha propiciado este cambio de fiscalidad es la nueva aritmética parlamentaria. ERC y los Comuns han impulsado la medida, y aunque el PSC había sido uno de los grandes defensores del proyecto en el pasado, finalmente ha apoyado la modificación tributaria para garantizar estabilidad en otros aspectos legislativos. La CUP, tradicionalmente contraria a Hard Rock, también ha votado a favor del aumento impositivo, consolidando así una mayoría para derogar los privilegios fiscales previstos desde 2014.
Un proyecto en la incertidumbre
Desde el Gobierno, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha querido restar importancia al impacto de la nueva fiscalidad, argumentando que no debería ser un impedimento para la construcción del proyecto, si bien reconoce que la decisión final corresponde a los promotores de Hard Rock. Paralelamente, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha reiterado el compromiso del Gobierno con la tramitación del PDU, manteniendo la apertura a que el proyecto pueda materializarse si los inversores deciden seguir adelante.
Ante este nuevo escenario, el futuro de Hard Rock sigue siendo una incógnita. El aumento de la fiscalidad podría suponer un freno definitivo o, por el contrario, una revisión del proyecto en otros términos. Lo cierto es que, después de más de una década de debates, polémicas y negociaciones, el macrocomplejo sigue sin concretarse y su destino continúa dependiendo de un equilibrio político y económico todavía inestable.
El Parlament reanuda la controversia sobre el proyecto Hard Rock que ya dura una década
El Hard Rock se carga la legislatura del gobierno de Cataluña
