El efecto BlablaCar no despega en España
La plataforma colaborativa BlaBlaCar está presente en más de 20 países y cuenta con más de 30 millones de usuarios, pero en España no encuentra el marco legal suficiente para desarrollarse. En la Comunidad de Madrid ya le han puesto el ojo con la amenaza de un expediente sancionador por ofrecer servicio de transporte público de viajeros sin disponer del permiso correspondiente.
BlaBlaCar ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por estas sanciones administrativas. Considera que son contrarias al derecho de la UE en lo la que respecta a las directivas de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
La empresa se defiende, como otras multinacionales que se dedican al negocio colaborativo, con el argumento de que su actividad es la de ofrecer la plataforma de intermediación entre privados. Manifiesta que los usuarios no buscan un ánimo de lucro en su actividad, solo comparten gastos y no obtienen beneficios. Y ésa es, según BlaBlaCar, la realidad en todos los países en los que opera.
Pero la consejería de Transporte madrileña tiene claro que los conductores cobran por kilómetro a un importe que excede lo que se considera compartir gastos entre diferentes viajeros y por tanto realizan un transporte público y no colaborativo.
La empresa, nacida en Francia, está implantada por medio mundo y según manifiestan siempre ha cumplido escrupulosamente con la ley vigente en todos los países en los que opera”. España, en la que lleva operando más de seis años, es el único país donde han recibido una denuncia por su actividad.
Actúan como un sistema de transporte complementario al taxi o al autobús pero siempre como intermediarios entre la oferta y la demanda. En Alemania está muy extendida la fórmula de compartir coche e incluso existen políticas públicas que lo fomentan. En el caso de BlaBlaCar, en la India, mantiene un acuerdo con la compañía de ferrocarriles para transportar aquellos viajeros que no pueden utilizar el servicio de trenes por conexión y en Francia, la compañía estatal ferroviaria SNCF ha puesto en marcha un servicio propio de coche compartido.
La asociación de consumidores Facua es partidaria de sancionar a BlaBlaCar porque la considera una empresa de transporte que cobra para obtener un beneficio económico por un servicio de movilidad. Mientras, la organización de consumidores OCU defiende la actividad de la compañía y opina que la administración no comprende las necesidades y beneficios sociales que aporta el nuevo consumo colaborativo.
Otro actor afectado por la actividad de BlaBlaCar son las empresas de rent a car. Como publicó Comunicatur en el mes de marzo las fórmulas car sharing suponen una amenaza para las compañías de alquiler de vehículos y los profesionales del taxi.
