La justicia ha estimado la reclamación de Airbnb contra la sanción de 30.000 euros que le impuso la Generalitat de Catalunya por comercializar alojamientos ilegales. Fue la primera sanción a nivel mundial que una administración imponía a la plataforma.
Un juzgado de Barcelona ha decidido anular la multa de julio de 2014 y los actos asociados en esa sanción que incluían el cese de la actividad de alquiler de apartamentos sin licencia. El juez considera que Airbnb es únicamente responsable de la explotación de la plataforma tecnológica “online”.
Las tesis de la justicia coinciden con la estrategia de la compañía que siempre ha defendido su papel como facilitador de la interconexión de particulares que quieren compartir su vivienda a cambio de un precio. Ahora parece que la Generalitat utilizará la vía del recurso contra esta decisión, según publica El Confidencial, ya que estima que la actividad de la plataforma es de prestación de servicios turísticos y debe cumplir con la normativa de turismo.
El mazazo es grande para aquellos que aspiran a regular el sector de la economía colaborativa y sus injerencias en la economía convencional. La sentencia respalda en cierta medida la creación de espacios alegales o virtuales que compiten con el sector reglado sin cumplir las mismas normas. Airbnb ha ganado una batalla muy importante al tumbar la que fue la primera sanción que recibía de una administración en todo el mundo. A partir de ella, otros estamentos públicos se animaron a limitar su expansión desordenada con medidas coercitivas.
Recientemente, Airbnb ha llegado a un acuerdo con las autoridades neoyorquinas para que las sanciones que prevé la nueva normativa de la ciudad recaigan sobre los propietarios y anunciantes de los viviendas turísticas y no sobre la plataforma, según explica The New York Times.
