El Gobierno impone el registro obligatorio de datos del sector turístico pese al rechazo del sector

Este lunes, 2 de diciembre de 2024, entra en vigor el Real Decreto 933/2021, que impone nuevas obligaciones al sector turístico para recopilar y comunicar datos personales de los clientes. Esta normativa, que afecta a alojamientos turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos sin conductor, ha generado fuertes críticas por su elevado impacto administrativo y los conflictos derivados de la doble exigencia policial en Cataluña.

La polémica duplicidad de registros en Cataluña

A nivel estatal, el Real Decreto establece que los datos deben enviarse a la plataforma nacional SES Hospedajes del Ministerio del Interior. Sin embargo, en Cataluña, la Generalitat ha implementado un registro propio gestionado por los Mossos d’Esquadra, exigiendo a las empresas que comuniquen la misma información a dos sistemas diferentes.

Jordi Martí, presidente de ACAVE, ha calificado esta situación como «un grave despropósito» y ha alertado de que «la dualidad de registros no solo complica la gestión, sino que incrementa el riesgo de errores y duplicidades». Según Martí, esto afecta especialmente a las agencias de viajes, que operan con clientes de diferentes regiones y ahora deben enfrentarse a una burocracia aún más compleja.

Críticas del sector: una normativa desproporcionada

El sector turístico ha expresado una oposición contundente al decreto, considerando que las obligaciones impuestas son desproporcionadas. Las patronales denuncian que la cantidad de datos requeridos —como teléfonos, correos electrónicos, medios de pago e incluso la relación de parentesco en el caso de menores— incrementa el riesgo de incumplimiento de la normativa europea de protección de datos.

Mercedes Tejero, gerente de CEAV, ha lamentado que el Gobierno español haya ignorado sus peticiones de revisión y asegura que «el sector no podrá asumir esta normativa en los plazos establecidos». Las principales patronales han anunciado que explorarán acciones legales contra el decreto y han reclamado nuevamente una moratoria.

El Gobierno defiende la medida y sigue adelante

A pesar de las críticas, el Ministerio del Interior ha confirmado que la normativa entrará en vigor sin modificaciones. Según el Gobierno, el Real Decreto es esencial para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilegales. La Generalitat, por su parte, justifica el registro de los Mossos por la necesidad de mantener el control policial dentro de su ámbito competencial.

Fuentes oficiales del Ministerio han destacado que ya se han adaptado sistemas informáticos y que las empresas dispondrán de un periodo transitorio hasta el 31 de enero de 2025 para cumplir con los nuevos requisitos. Sin embargo, las multas por incumplimiento podrían alcanzar los 30.000 euros, un hecho que preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas.