Administradores de fincas piden la suspensión del decreto de apartamentos turísticos
Los administradores de fincas catalanes se suman a la presión que está realizando el sector de los apartamentos turísticos para frenar la nueva normativa del sector. Piden que la Generalitat de Catalunya suspenda la tramitación de la propuesta del nuevo Decreto y se abra un diálogo abierto con los representantes del sector con la finalidad de afrontar “una nueva regulación que realmente contemple su problemática en toda su dimensión y aporte soluciones efectivas y prácticas”.
El Colegio de administradores de Fincas de Barcelona y Lleida critica públicamente a la Generalitat de impulsar una regulación que no permitirá tener un control real sobre la actividad. Una de las críticas que realizan los profesionales colegiados es la traslación de las responsabilidades a los Ayuntamientos ya que los alojamientos turísticos deberán disponer de una licencia municipal de actividad. En este sentido, el Colegio mantiene que los consistorios no disponen de medios económicos y técnicos para asumir esta función y además critica que las regularizaciones y criterios locales son dispares y de contradictoria interpretación y aplicación.
Según expresan en un comunicado, para los administradores de fincas “el problema no es la desregularización del sector porque los profesionales, administradores de fincas y agentes inmobiliarios ya están legalmente autorizados, si no la carencia de voluntad y de medios de control y de inspección por parte de la administración competente el Departament de Turisme”. Asimismo, consideran “confusas y contradictorias las definiciones de «apartamentos turísticos» y de «temporada» con relación a la regulación vigente del arrendamiento de viviendas con finalidades no turísticas”.
El Colegio asegura que la Generalitat ha reconocido que los apartamentos de alquiler turísticos representan más del 75% de la oferta total de los alojamientos turísticos en Cataluña y que el total de viviendas destinadas a un uso turístico estaría alrededor de 500.000, de los cuales sólo estarían legalizados unos 25.000.